Los pilotos encargados de la seguridad portuaria demandaron para evitar el relajamiento de la seguridad con las barcazas de gas y para protegerse de represalias del gobierno.

Los pilotos que ejecutan las maniobras para que las embarcaciones que entran a la Bahía de San Juan lo hagan de manera segura pidieron la protección del tribunal federal ante decisiones de New Fortress Energy (NFE) que ponen en peligro la principal entrada de suministros y combustible de la isla y ante acciones de la Administración González Colón que permiten a la empresa crear esos riesgos.

La solicitud es de interdicto y fue sometida el domingo por siete de los ocho prácticos, o pilotos, que trabajan en el puerto de San Juan. Su función, que tiene un registro milenario, es abordar las naves que entran o salen del puerto para ‘pilotarlas’ hasta que atraquen o hasta que estén en mar afuera, porque son los que conocen al dedillo las dimensiones y condiciones de ese puerto.

Con la acción ante la consideración de la jueza Silvia Carreño Coll, los prácticos buscan una orden que evite que NFE retire las cuatro remolcadoras especiales que desde hace dos años se usan para escoltar las barcazas de gas; declarar que los honorarios que las empresas pagan por su servicio vayan a la San Juan Bay Pilots Corporation (SJBPC), en vez de a pilotos individuales; y que se declare nula e ilegal una carta de cese y desista que emitió en su contra la Comisión de Practicaje de Puerto Rico (CPPR), la entidad pública que regula las licencias y operación de los prácticos.

La ley habilitadora de la CPPR es de 1999 y “pretende que se preste un servicio de practicaje confiable, estable, económico y seguro en los puertos de Puerto Rico”. Emiten y suspenden las licencias de los prácticos, pero estos no son empleados de la comisión ni del gobierno. Son empleados de la SJBPC y la comisión tiene poder para supervisar esa entidad. El propósito de la ley es que el practicaje se realice de forma que “los recursos naturales, el medio ambiente, la vida y propiedad de los ciudadanos queden absolutamente protegidos”.

La presidenta actual de la CPPR, la licenciada Jéssica Ñeco Morales, es una designación de la gobernadora Jenniffer González Colón que fue aprobada por el Senado con un informe positivo en el que no se hace ninguna referencia a su experiencia con el almirantazgo o las prácticas en puertos, aparte de que era coordinadora ejecutiva en la Autoridad de los Puertos (AP). El resto de su experiencia profesional es empleada en la Cámara de Representantes, del municipio de Naguabo, y de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles.

Según el relato de la demanda, el camino que llevó a los pilotos a someter el recurso pasa por decisiones unilaterales de NFE para descartar las medidas de seguridad bajo las que habían estado discurriendo sus barcazas por el puerto, intentos de dividir a los prácticos para que la navegación de las barcazas se pueda ejecutar con medidas de seguridad menores y no probadas, intervención de NFE con el gobierno e intervención del gobierno a favor de la empresa y en contra de siete de los ocho prácticos.

Los hechos colocan al gobierno defendiendo a NFE aún después de que la empresa usara el suplido de gas como medida de extorsión para ganar un contrato que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) descartó como leonino. Esto, en momentos en que la Administración González Colón sigue negociando ese contrato solamente con NFE, contrario a lo que se había indicado públicamente, de que buscarían a otros suplidores para tener más alternativas y ventaja en el proceso.

En Puerto Rico, el 90% de los bienes importados llega por mar y, de esos, el 75% lo hace por el puerto de San Juan. Todo ese movimiento está en riesgo si no se reestablecen las medidas de seguridad para la entrada de barcazas de gas licuado de NFE, concluyeron los prácticos demandantes: capitanes Tomás Busto Álvarez, Carlos E. Ramos, Ray Díaz, Jacob Elmstrom, Richard Flynn Caro, Carlos Gutiérrez y Patrick López.

Las advertencias de los prácticos sobre las operaciones de NFE han tenido eco en la Guardia Costanera y en la Comisión Regulatoria Federal de Energía (FERC en inglés), en donde se ha consignado cómo la empresa está usando barcazas más grandes que las que usaban cuando establecieron sus planes operacionales y de seguridad al comenzar a suplir gas a la isla.

Los prácticos de la SJBPC realizaron 18 movimientos de barcazas de NFE, incluyendo el controvertible del 12 de julio pasado cuando ordenaron retirar el tanquero Energo Princess después de que la Junta detuviera la adjudicación de un contrato de suplido de gas de 15 años y $20,000 millones. Estos movimientos se hicieron bajo parámetros de seguridad que desarrollaron tras dos años de simulaciones y consultas técnicas.

Pero, “en un empuje sin precedentes para ahorrar costos a expensas de la seguridad”, la empresa notificó que retiraron las cuatro remolcadoras especiales y exigen que los prácticos hagan las maniobras con remolcadoras de menor capacidad, a pesar de que aumentaron el tamaño de las barcazas, de 30,000 metros cúbicos que eran hace dos años a 145,000 metros cúbicos ahora. Un aumento de 383%.

Cuando los prácticos quisieron discutir estos cambios con NFE, los relegaron a reunirse con consultores. “Casi todos los individuos con los que hemos interactuado en (NFE) ya no están en este proyecto”, aseguraron los prácticos en una carta del 3 de agosto que es el inicio de las actuaciones en su contra por parte de la empresa y del gobierno. En la comunicación, reiteraron su apoyo a la ampliación de las operaciones de NFE en el puerto, pero no “bajo condiciones en las que los protocolos de seguridad se descartan, los prácticos están sometidos a presión indebida o los planes de maniobra se alteran abruptamente a mitad de ejecución”.

No hubo respuesta a esa comunicación, así que el 15 de agosto los siete prácticos demandantes enviaron una comunicación a su compañero, capitán Daniel Montes, advirtiéndole que la maniobra que realizaría el día siguiente con una barcaza de NFE era riesgosa porque se desviaba del protocolo de seguridad ejecutado hasta entonces y ocurriría bajo amenaza de mal tiempo por el huracán Erin. Le recordaron que nunca objetó el plan de seguridad previo y que su decisión de romper el consenso “expone a todos los prácticos a mayor presión política y comercial para erosionar salvaguardas”.

Ese día fue intenso.

NFEnergía LLC, la subsidiaria de NFE que atiende la operación en el puerto, escribió a la comisión para que interviniera y garantizara la maniobra del 16 de agosto, como la tenía diseñada la empresa. Calificó la postura de los prácticos como “un desacuerdo interno” entre ellos y defendió la “discreción individual de cada práctico sobre si los equipos y embarcaciones de apoyo disponibles para cada operación son adecuados”. Específicamente, NFE requirió que los prácticos retiraran la carta que enviaron a la empresa y la que dirigieron a Montes.

Horas después, la comisión hizo lo que NFE le pidió y declaró “nulas e inválidas” las comunicaciones de los prácticos, así como que adelantó que referiría al Departamento de Justicia la carta a Montes por posiblemente constituir “interferencia indebida con un funcionario público y contratista”.

Defendieron también que “a la luz de la política pública establecida” por la gobernadora, “el manejo y operación de las barcazas con gas natural licuado (es) esencial al sistema energético de Puerto Rico (y) tiene que ser facilitado, no obstaculizado”.

El día 16, Montes ejecutó la maniobra con la barcaza de NFE y pidió que los honorarios se le adjudicaran solo a él, en vez de a la SJBPC, como es la norma.

Los prácticos demandantes argumentan al tribunal que esta carta de la comisión es ilegal porque la emitió la presidenta, quien llevaba 15 días en el cargo, sin consultar con los demás comisionados. La funcionaria no tiene capacidad en ley para ejercer unilateralmente las facultades de la comisión, subrayaron. Esta conducta oficial ha sido “errática y cuestionable”, así como que constituye una especia de medida disciplinaria que no está autorizada en ley.

“La presidenta ordenó a los expertos responsables de salvaguardar la seguridad portuaria a que dejaran de comunicarse con entidades marítimas y con los dueños de embarcaciones a los que les sirven para alertarles de situaciones potencialmente peligrosas o inadecuadas… ha colocado la seguridad de la Bahía de San Juan y la economía de Puerto Rico en riesgo para proteger sus propios intereses políticos y mantener control”.

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